El acelerado aumento de la población inmigrante en Aragón y España y su carácter de permanencia convierten a la inmigración en un cambio estructural fundamental de nuestra sociedad siendo, posiblemente, el cambio social más importante del siglo XXI en nuestro país y comunidad.
Este proceso migratorio tiene un origen esencialmente económico. Son las razones económicas y laborales las responsables de este aumento migratorio, marcado por las desigualdades que entre los países ha generado el proceso globalizador de estos últimos años.
Los inmigrantes, como fuerza de trabajo, son demandados por los países industrializados y responden a esta llamada en busca de mejores niveles de vida mediante un mejor empleo, oportunidades de educación y mayores cotas de bienestar social.
Los países “ricos” necesitan la inmigración para cubrir determinados puestos de trabajo, como respuesta a fases expansivas de la economía que incrementan la necesidad de mano de obra y para el rejuvenecimiento de su población.
La inmigración tiene efectos en la economía como el incremento de la producción y el empleo al convertirse los inmigrantes en consumidores de bienes y servicios, el crecimiento de la comunidad a través de su trabajo y consumo y la financiación del sector público a través de sus cotizaciones sociales y el pago de impuestos.
La edad media de los inmigrantes, que se sitúa entre los 15 y los 35 años, resulta determinante en un no “consumo por su parte de determinados bienes públicos dirigidos a los más mayores como los gastos de farmacia o pensiones.
El trabajo es el factor más importante en nuestro modelo social al depender de ello el acceso a derechos sociales como las prestaciones por desempleo o las pensiones, pero también lo es en otro aspecto, el de evitar las situaciones de exclusión social. La población inmigrante es un colectivo especialmente vulnerable a la exclusión. Este grupo tiene un alto riesgo de exclusión por lo que el objetivo principal ha de ser su efectiva integración social, garantizando el ejercicio de sus derechos laborales, el acceso a la vivienda y la sanidad, incidiendo, en todos los casos, en la igualdad en el acceso a todos ellos.
La reagrupación familiar y los nuevos nacimientos en Aragón son un elemento integrador muy importante ya que impulsa a las familias a invertir mejorando sus condiciones de vida aquí. Este proceso integrador puede verse truncado por circunstancias como la falta de vivienda o infravivienda, la inexistencia de redes de apoyo o la de un trabajo que dificulte la integración económica. A todo esto se une la persistencia del racismo, especialmente en momentos de crisis, como es el caso del contexto actual.
Otros aspectos integradores importantes son el conocimiento del idioma, la historia y las instituciones de la sociedad de acogida, sin olvidar que el proceso integrador es bidireccional y que exige un ajuste mutuo por parte de inmigrantes y residentes.
Las cifras de población extranjera en nuestra comunidad reflejan la importancia del fenómeno de la inmigración convirtiéndolo en el cambio social más importante de este siglo.
En Enero de 2011 la población extranjera en Aragón alcanza las 170.241 personas, el 12,67% de la población total, aunque menor que en el 2010 cuando alcanzaba las 173.086 personas.
La presencia de este colectivo rejuvenece nuestra población, el 66,79% de la población extranjera en Aragón está comprendida en el tramo de edad de 15 a 44 años, el doble que la población aragonesa, que solo alcanza el 36,38%.
El motivo fundamental de la inmigración encierra un marcado carácter económico. El inmigrante acude a nuestro país con la esperanza de obtener un mejor empleo y mayores ingresos, además de oportunidades de educación y acceso a más y mejores servicios, en definitiva, busca mayores niveles de bienestar.
También nuestro país necesita a la población inmigrante. Por un lado el progresivo envejecimiento de nuestra población y por otro las especiales características de nuestro modelo económico, basado en una actividad productiva que exige poca inversión y que en épocas de crecimiento crea una intensa demanda de mano de obra en determinados sectores caracterizados por su poca productividad y escaso valor añadido (como la construcción y los servicios) ha hecho que se necesitara mayor factor humano para obtener mayor dinamismo y prolongar la duración del ciclo de crecimiento. La mano de obra que se precisó se caracterizaba por su baja cualificación, su disposición inmediata, los bajos salarios que generaba y que era altamente prescindible.
Hay dos factores más que son decisivos en el aumento de demanda de mano de obra extranjera. El primero ha sido consecuencia del desarrollo de la población autóctona que por el nivel educativo alcanzado rechaza determinados empleos que son peor valorados socialmente y que es la población extranjera la que los cubre. Por otro lado está la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral por lo que las labores domésticas que antes cubrían ahora son realizadas mediante la contratación de trabajadores extranjeros (cuidado de familiares, hijos, servicio doméstico).
El colectivo inmigrante revitaliza la economía de Aragón. En el año 2010 la tasa de actividad de la población extranjera suponía el 79,93% frente al 55,27% de la población española.
La población inmigrante ocupa empleos y se concentra en ramas de actividad con peores condiciones laborales, mayor temporalidad y salarios más bajos, todo lo cual indica mayor precariedad laboral. Esta es la principal característica de nuestro mercado laboral: la segmentación en función de la nacionalidad. La segmentación resurge con fuerza en momentos de crisis, culpando a la población extranjera de la evolución negativa de la productividad. Sin embargo el problema no está en este colectivo, sino en el modelo económico que tiene nuestro país caracterizado por su baja productividad y escasa innovación.
Principalmente, la población inmigrante se ocupa en sectores como la construcción, la hostelería y el servicio doméstico. Todos ellos muy vulnerables a la crisis y que han sufrido en mayor medida la destrucción de empleo.
En el año 2010 se suscribieron 116.001 contratos a extranjeros. De los que 8.767 contratos fueron indefinidos (7,56%) frente a los 107.234 temporales (92,44%). El sector servicios concentra el 50,24% de los contratos, la agricultura el 30,87%, la construcción el 13,33% y la industria tan solo el 5,56%.
Las ocupaciones más contratadas fueron las de Peón agrícola, Peón de industrias manufactureras, Personal de limpieza y Camareros, bármanes y asimilados.
La población inmigrante sufre mayores niveles de paro, tiene tasas de paro que duplican la de la población nacional, ocupan puestos de trabajo de baja cualificación y con peores condiciones laborales. Todos estos factores indican la existencia de una clara discriminación estructural que hace a este colectivo especialmente vulnerable.
El número de parados extranjeros en 2010 se sitúa en 23.605 personas, lo que supone el 25,75% de la población parada total en Aragón. En 2005 este porcentaje era menos de la mitad, el 10,46%.
Los sectores que concentran mayor pérdida de empleo son la construcción y la agricultura, sectores que empleaban un gran volumen de hombres inmigrantes.
El grupo de edad que más paro registra es el de 25 a 44 años con un 33,20%, aunque seguido muy de cerca por el de menores de 25 años con un 22,20%.
La no discriminación es un elemento clave en la integración laboral de estos trabajadores, especialmente en el contexto de crisis en el que vivimos y puede conducir a situaciones graves de pobreza, exclusión y conflictividad social. La igualdad en las condiciones al acceso del mercado laboral es un elemento indispensable para asegurar la cohesión social.
A pesar de que en 2005 la tasa de paro era del 5,83% la de la población extranjera duplicaba a la de la española. Entre la población española era del 5,33%, pero entre la extranjera ascendía hasta el 10,12%.
En 2010 la tasa de paro total es del 14,77%, el 12,37% para la población española y el 27,23% para la extranjera.
El acceso equitativo al mercado de trabajo ha de hacerse cumpliendo criterios de calidad del empleo basados en la seguridad socioeconómica (salarios justos y protección social), adecuación de las cualificaciones de los trabajadores a su puesto, condiciones de trabajo dignas y posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar, así como la igualdad entre sexos.
El preocupante incremento del paro en los últimos años, fruto de la crisis económica que sufrimos, ha hecho que muchos inmigrantes llegaran a situaciones administrativas de irregularidad sobrevenida. Este es uno de los factores que ha obligado a este colectivo a buscar empleo en la economía sumergida ante la dificultad de encontrar un trabajo regular.
En 2008 el salario de un trabajador aragonés era de 25.125 € mientras que un inmigrante cobraba un 49,37% menos, 16.646 €. Entre las mujeres las aragonesas cobran 18.341 € y las extranjeras un 37,22% menos, 11.513 €.
En cuanto a la afiliación, en 2010, la mayor parte de los extranjeros se encuentran en el Régimen General, el 68,99%, seguido del Régimen Agrario con un 14,83%. Los empleados autónomos representan el 9,27% y el colectivo de Empleados de hogar el 6,90%.
De los trabajadores afiliados españoles el 77,79% está en Régimen General, el 21,30% es autónomo, el 0,46% se encuentra en el Régimen Especial agrario y el 0,45% en el de Empleados de Hogar.
En Aragón, el ciclo experimentado por la economía a partir del año 2007 hahecho que los beneficiarios por prestaciones de desempleo aumentaran considerablemente, un 723,25% entre el año 2006 y el 2010. En 2010 el porcentaje de extranjeros que cobraron una prestación por desempleo fue del 25,71% del total.
Entre el año 2009 y 2010 ha aumentado espectacularmente el número de extranjeros beneficiarios de prestaciones asistenciales frente al de contributivas. Si en 2009 los beneficiarios asistenciales representaban el 32,21% del total, en 2010 este porcentaje llega hasta el 56,73%.
La dificultad en el acceso al mercado laboral supone un importante obstáculo para el acceso a derechos básicos como la documentación, la vivienda o la protección social y puede acabar por generar pobreza y exclusión social.
El empleo constituye uno de los aspectos fundamentales para la inclusión social de los inmigrantes y además su participación en el mercado de trabajo contribuye al desarrollo económico y social de nuestra comunidad. Como ciudadanos de nuestra comunidad pagan impuestos, aumentan las cotizaciones a la seguridad social, rejuvenecen la población, aumentan la diversidad cultural y son imprescindibles para el sostenimiento de nuestro sistema de pensiones.
Por todo esto la integración de este colectivo en nuestra comunidad es totalmente imprescindible, entendiendo este proceso como algo dinámico que constantemente ha de ser renovado y comprendiendo que el esfuerzo para llevarla a cabo es bidireccional, esto es, ha de darse tanto por parte de la población inmigrante como de la sociedad receptora.
Problemas como la discriminación, la segmentación o la precariedad laboral, son un desafío para las instituciones públicas que han de conseguir un marco en el mercado laboral que consolide unas condiciones laborales dignas e igualitarias para el colectivo inmigrante mediante políticas de integración y planes de empleo e inclusión social.
La consecución de la plena integración de los inmigrantes precisa del establecimiento de políticas y actuaciones que garanticen la igualdad y establezcan medidas específicas de actuación en situaciones de desventaja acreditada.
Otros aspectos importantes pasarían por agilizar los procedimientos administrativos tanto de acceso como de permanencia de forma regular en nuestro país y en el mercado laboral referentes a renovación de autorizaciones, homologación de títulos o reconocimiento de la capacitación profesional.
Todas las políticas han de dirigirse al fin último: la integración. Esta integración se ha de garantizar mediante principios de igualdad y no discriminación, equiparando derechos y obligaciones, reconocer y fomentar la plena participación cívica, social, económica, cultural y política y establecer mecanismos de interacción entre las personas de diferentes orígenes y culturas dentro del respeto y la diversidad.
Por otro lado es imprescindible garantizar a la población inmigrante el acceso a los servicios públicos, en especial la educación, el empleo, los servicios sociales, la salud y la vivienda en condiciones de igualdad. Además se ha de fomentar el conocimiento y respeto de ambas culturas y luchar contra las manifestaciones discriminatorias, el racismo y la xenofobia.
Como otros colectivos vulnerables y con riesgo de exclusión, son necesarios programas que promuevan el acceso a viviendas dignas, apoyo al reagrupamiento familiar agilizando su tramitación burocrática, refuerzo de la inspección laboral para evitar abusos de contratación, programas de educación especial para adultos y refuerzo educativo para los niños y mejora de la formación profesional para adecuar sus capacidades a las necesidades reales de nuestras empresas.
También el esfuerzo ha de transmitirse a la población autóctona mediante mecanismos que hagan posible su comprensión y mejoren la convivencia, aprendiendo a valorar la diversidad y fomentando la tolerancia.
Todos estos esfuerzos han de hacerse en torno al ejercicio de derechos sociales, laborales, políticos y culturales. Los inmigrantes representan una parte muy importante de la sociedad de nuestra comunidad y su situación es de clara desventaja. Por ello es tan importante su integración como mecanismo necesario hacia la igualdad y la cohesión social.
Secretaría de Política Social y Migraciones
Gabiente Técnico
CCOO Aragón.
